Un violento episodio terminó con la vida de Patricia Soledad Ibáñez en una vivienda ubicada en el kilómetro 88 de la Ruta Provincial Nº 6, en el departamento Loreto, entre las localidades de Laprida y Choya. El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 11 horas, cuando la víctima mantuvo una discusión con su cuñado, Mario Torrez —hermano de su concubino—, quien presuntamente extrajo una escopeta y le efectuó un disparo.

Tras recibir el impacto, Ibáñez caminó varios metros en un intento por buscar ayuda, logrando llegar hasta donde se encontraba su hija de 27 años, Sonia Analía Tórrez. Según el relato de la joven, escuchó una detonación y vio a su madre ingresar gravemente herida antes de desplomarse frente a ella. A pesar de que se solicitó asistencia médica inmediata y acudieron efectivos policiales junto a personal del Hospital Zonal de Loreto, la mujer falleció en el lugar.

Respecto a la identidad de la víctima, existen contradicciones en las fuentes: El Liberal indica que tenía 52 años, mientras que Diario Panorama sostiene que tenía 43 años, era ama de casa y madre de dos hijos que residen en Buenos Aires y Córdoba.

Luego del ataque, Mario Torrez huyó hacia una zona montuosa llevando consigo el arma utilizada y, según Diario Panorama, un animal. Esto dio inicio a un amplio operativo de rastrillaje coordinado por la Fiscalía de Violencia de Género, a cargo de la Dra. Paz Silvina, que involucró a la Comisaría Comunitaria Nº 27 de Loreto y otras dependencias.

El sospechoso fue capturado horas más tarde. Mientras que El Liberal reporta que fue hallado en medio de la vegetación pasada las 19 horas, otras fuentes indican que fue localizado oculto en una vivienda. Nuevo Diario Web precisó que la detención se concretó a unos 4 kilómetros del lugar del crimen. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar la mecánica del femicidio.

Un camión Mercedes Benz que transportaba 37 kilos de cocaína fue interceptado este miércoles por la policía de Tucumán durante el operativo “Lapacho”, en la localidad de Valentín Jiménez, límite entre Tucumán y Santiago del Estero. El hallazgo, ocurrido cerca de las 12.30, desató un escándalo judicial porque la droga ya había sido incautada previamente y estaba bajo custodia de la fuerza de seguridad, según fuentes oficiales.

El conductor, cuya identidad no fue revelada, no se opuso al control pero advirtió que no podía abrir el capó del vehículo. Los efectivos le informaron que no podría continuar su viaje hasta que se realizara una inspección completa. El chofer realizó una llamada telefónica al propietario del camión y luego manifestó que su patrón le había transferido $500.000 para “arreglar” la situación, es decir, persuadir a los policías.

Ante esa situación, los policías decidieron demorarlo y, con autorización judicial, revisaron el sector del motor. Allí encontraron 37 kilos de cocaína ocultos entre los componentes mecánicos. Los paquetes estaban numerados y algunos presentaban pequeñas perforaciones o cortes en sus envoltorios, características que suelen realizarse durante procedimientos de incautación.

Según reveló Diario Panorama, el camionero declaró que la droga le fue entregada por un hombre perteneciente a una fuerza de seguridad en la ciudad de Orán, Salta, y que debía entregarla a “gente” en Las Termas, Santiago del Estero. Ahora los investigadores intentan determinar cómo el cargamento, que estaba bajo custodia judicial, volvió a circular en el mercado narco local. El valor estimado de la droga asciende a casi U$S 95.000.

En un marco de solemnidad y reconocimiento, se llevó a cabo la ceremonia por el 216° aniversario del nacimiento de la Prefectura Naval Argentina como institución de la Patria. El acto protocolar tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Prefectura Embalse Río Hondo.

La ceremonia fue presidida por el jefe de la Prefectura Embalse Río Hondo, el prefecto Roberto Salvador Cardozo, quien encabezó el homenaje junto a diversas autoridades. Entre los asistentes se destacaron la intendenta de Las Termas de Río Hondo, Dra. Paula Canepa; el diputado nacional Dr. Jorge Mukdise; titulares de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad con asiento en la provincia; representantes del municipio; integrantes de instituciones vinculadas a la dependencia; personal en situación de retiro efectivo y familiares.

Durante el evento, se rindió homenaje a la trayectoria de la Prefectura Naval Argentina, señalándola como una de las instituciones más antiguas del país. Se destacó su misión de ejercer la autoridad marítima nacional, garantizar la seguridad de la navegación, proteger la vida humana en las aguas y custodiar los espacios fluviales y lacustres, además de colaborar en la prevención de delitos y tareas de seguridad pública.

Las autoridades presentes resaltaron la vocación de servicio, el profesionalismo y el compromiso del personal, subrayando su papel fundamental en la prevención, control y respuesta ante diversas situaciones en el Embalse Río Hondo. Asimismo, se puso en valor el trabajo coordinado con organismos provinciales, municipales y otras instituciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de quienes visitan este destino turístico.

Al finalizar el acto, se reconoció el esfuerzo cotidiano de los hombres y mujeres de la fuerza, cuya labor es considerada esencial para el resguardo de las vías navegables y el cuidado del ambiente, extendiéndose las felicitaciones a todos los integrantes de la institución por un nuevo aniversario.

Una familia de La Banda, integrada por un comerciante y matarife, su esposa (de apellidos Fernández y González) y sus hijos, fue denunciada ante los tribunales de La Banda por una presunta estafa multimillonaria vinculada a la compraventa de ganado. La denuncia, impulsada por los abogados Valeria Lescano y Javier Leiva, apunta contra los responsables de la firma North Trading Solutions S.R.L., que según la denuncia registra actividades vinculadas con feedlot, intermediación de carnes, matanza y comercialización de ganado, transporte automotor de cargas y actividades agropecuarias.

Los damnificados son un empresario de Salta, Juan Manuel Calderoni; un empresario de Corrientes, Ángel Martín Guedez; y un consignatario. Reclaman pagos que, según el abogado Leiva, ascienden a unos $1.400 millones. Sin embargo, el letrado advirtió que el total de la presunta defraudación, al sumar a otros productores perjudicados de distintas provincias, podría alcanzar los $5.000 millones.

Los denunciantes atribuyen a la familia y a la empresa los delitos de “estafa reiterada, asociación ilícita, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta y demás figuras penales que pudieren surgir durante la investigación”. Las demandas están a cargo del Departamento Delitos Económicos de La Banda, con intervención de los fiscales José Piña y Hugo Herrera.

Leiva describió las maniobras como sistemáticas: “captación comercial mediante la utilización de la firma, exhibición de una estructura empresaria aparentemente sólida, invocación permanente de solvencia económica y respaldo patrimonial, recepción efectiva de los animales, incumplimiento posterior de los pagos comprometidos y dilaciones, promesas incumplidas y evasivas permanentes”. La investigación se centra en determinar el alcance total de las operaciones y la posible participación de otros involucrados.

Después de 23 días de lucha en terapia intensiva, falleció Matías Nahuel Barraza, el joven motociclista de 21 años oriundo del paraje KM 7, zona rural de Añatuya. El deceso se produjo pasadas las 8:30 de la mañana de este martes en el Hospital Regional, donde estaba internado con gravísimas lesiones tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 7 de junio sobre la Ruta Provincial Nº 7.

Según la investigación fiscal, ese domingo alrededor de las 8 de la mañana, una vecina del paraje alertó a los familiares sobre un hombre tendido e inconsciente en la banquina. La hermana de Barraza acudió al lugar y lo encontró bañado en sangre, por lo que lo trasladó de urgencia en un vehículo particular al Hospital Zonal de Añatuya. Debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda y luego a la capital provincial, donde permaneció en terapia intensiva.

El parte médico inicial indicó que Barraza presentaba un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, fractura parietal con hemorragia intracraneal y un pronóstico reservado, estimándose un período de recuperación de al menos 30 días. Sin embargo, su estado nunca logró revertirse.

El fiscal Dr. Guillermo Farías, a cargo de la investigación, ordenó que personal de Criminalística realizara tareas de planimetría y fotografía en el lugar del siniestro. Horas después del accidente, la policía aprehendió a Franco Roldán, de 21 años y domiciliado en el KM 11, quien ingresó al hospital con escoriaciones en las rodillas compatibles con un accidente. Al ser abordado, Roldán confesó el choque y su familia entregó voluntariamente la motocicleta Honda Wave 110 cc que habría utilizado. Quedó alojado en la Alcaidía.

De acuerdo con la investigación, Roldán circulaba por la Ruta 7 cuando colisionó violentamente con Barraza y, tras el hecho, lo abandonó herido en el lugar. La causa, que inicialmente fue caratulada como ‘lesiones graves por accidente de tránsito y abandono de persona’, será recaratulada tras el desenlace fatal. Se espera que el fiscal libre oficio urgente para el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Añatuya.

La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de Nora Isabel Villarroya, una mujer acusada de haber ejercido como contadora sin estar matriculada y de haber cometido un multimillonario fraude en perjuicio de la firma agropecuaria DEJDE S.R.L., con sede en la ciudad de La Banda. Según distintas fuentes, el monto de la estafa superaría los 5 mil millones de pesos, aunque una de las noticias menciona un desfalco superior a los 1.000 millones de pesos. Villarroya se encuentra prófuga y es intensamente buscada por las fuerzas de seguridad.

La investigación se inició tras la denuncia de Ángela Sánchez, integrante de la firma damnificada, quien afirmó que la sospechosa tenía un poder total de administración y disposición, además del manejo exclusivo de la clave fiscal de la empresa. De acuerdo con la denuncia presentada por una de las familias afectadas, Villarroya habría estado a cargo durante años de la administración integral de la documentación contable, impositiva y fiscal de la compañía.

Con esas facultades, la falsa profesional habría gestionado millonarios préstamos bancarios sin consultar a los propietarios, transferido una cosechadora de alto valor y vendido de manera irregular una cabaña en la provincia de Córdoba. Los hechos comenzaron a descubrirse cuando una vecina cordobesa alertó a los dueños de la empresa sobre personas desconocidas que cortaban las cerraduras del inmueble, y luego constataron que Villarroya ya lo había escriturado a otro nombre.

Ante los reclamos de informes, la mujer interrumpió todo contacto, lo que llevó a la firma a revocarle el poder en marzo mediante carta documento. Poco después comenzaron a llegar intimaciones de distintas entidades bancarias por deudas no autorizadas. La causa es llevada adelante por la fiscal Celia Mussi y el abogado querellante Gabriel Coronel Chalfón.

El juez Héctor Salomón ordenó la detención de Villarroya y dispuso el allanamiento de un piso en la calle Misiones, pero el procedimiento resultó infructuoso. La defensa de la sospechosa, a cargo del abogado Manuel Zavalía, presentó un pedido de eximición de prisión que fue rechazado por el magistrado, y la apelación se encuentra ahora en la Cámara de Apelaciones.

La querella sospecha que Villarroya cuenta con cómplices y, debido a su alta solvencia económica, solicitará informes a Migraciones por temor a que haya salido del país. Mientras tanto, la orden de captura sigue vigente y la investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras y el destino del dinero.

Morena Rial, de 27 años, fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos bajo la modalidad “escruche” en viviendas de Villa Adelina y Castelar. La sentencia fue dictada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, tras homologar un acuerdo de juicio abreviado suscripto entre la defensa y la fiscalía.

Luego de conocerse la resolución, la defensa de la hija del periodista Jorge Rial presentó un pedido para que se le conceda la libertad condicional. Antes de resolver, la magistrada ordenó una evaluación psicológica y requirió la opinión del fiscal general adjunto Patricio Ferrari. Mientras tanto, Morena Rial continúa bajo arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica y restricciones para usar redes sociales.

Su abogado, Alejandro Cipolla, explicó que la joven reúne los requisitos para acceder al beneficio, ya que lleva más de ocho meses cumpliendo la medida cautelar prevista para este tipo de condenas. Agregó que su principal deseo es cerrar esta etapa judicial y reencontrarse con su hijo, quien reside en la provincia de Córdoba.

El episodio central ocurrió el 18 de enero de 2025 en una vivienda de Villa Adelina, partido de San Isidro. La propiedad estaba desocupada porque sus dueños estaban de vacaciones. Morena Rial llegó conduciendo un Peugeot 207 junto a otros integrantes de la banda. Mientras algunos permanecieron en el vehículo, dos sospechosos ingresaron a la casa tras cortar el suministro eléctrico, superar una reja y forzar una ventana, sustrayendo distintos elementos. La causa también la vincula con otro robo en Castelar, donde los delincuentes escaparon con un botín que incluía dólares, dispositivos electrónicos y perfumes. Durante la investigación, la influencer negó haber participado.