La investigación por la presunta estafa en la concesionaria Furth Automotores avanza con nuevas revelaciones. El fiscal Diego Cortés informó que el perjuicio económico superaría los $300.000.000 y anticipó que en los próximos días se concretarían nuevas imputaciones y allanamientos.

Durante una audiencia judicial, el fiscal se opuso al pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Matías Llado, jefe de Ventas de la firma. El abogado defensor Miguel Torres solicitó que la investigación se extienda también a las máximas autoridades de la empresa, la gerencia y otros empleados de mayor jerarquía.

La denuncia fue interpuesta el 15 de julio por el gerente general de Furth Automotores, Gerardo Caro. Según el fiscal, en principio el hecho es investigado como una presunta estafa. Caro indicó que todo se originó por un estrés financiero propio de las bajas ventas y pidió a la contadora de apellido Figueroa que verificara la cantidad de vehículos en existencia. Las computadoras reflejaban 700 unidades para la venta, pero al realizar un control físico en los depósitos se detectó un número considerablemente menor.

El contador de apellido Hoyos informó que había indicios de salida de vehículos sin ser registrados. Ante una escribana, Hoyos declaró que tras la discordancia, Llado se puso nervioso y le ofreció plata para que hiciera ingresar vehículos a la firma.

Además, el fiscal señaló que Llado es sobrino de un socio accionista, José Figueroa. La jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, difirió su decisión sobre el pedido de eximición de prisión. La causa continúa en etapa investigativa y se esperan nuevas medidas judiciales.

Un grave episodio de violencia de género ocurrió en la madrugada del domingo en la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero. Una joven de 29 años denunció que un desconocido ingresó a su vivienda del barrio Manzione, la golpeó, la abusó sexualmente y, antes de huir, la obligó a realizar una transferencia bancaria de 70 mil pesos.

Según la denuncia presentada en la Comisaría N° 41 (mientras que otra fuente menciona la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 4), el ataque se registró aproximadamente entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba descansando sola en su domicilio. El agresor, cuya identidad aún no fue establecida, ingresó de manera imprevista y la abordó por la fuerza.

Tras la agresión física y el abuso sexual con acceso carnal, el delincuente obligó a la damnificada a realizar una transferencia electrónica de $70.000 hacia una cuenta bancaria. Una de las fuentes indica que la cuenta pertenece a una usuaria identificada como Liz Karina Bobadilla, dato que se ha convertido en la principal pista para los investigadores.

La víctima describió al atacante como un hombre que vestía jean oscuro y zapatillas negras, y que hablaba con tonada porteña. La causa quedó a cargo de la fiscal María Cecilia Rimini, quien dispuso medidas urgentes como el secuestro del teléfono celular de la víctima, prendas de vestir y sábanas para pericias, el rastreo de la cuenta bancaria de destino y el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar al sospechoso.

En el marco de la investigación por una presunta red de cobro de coimas a tours de compras que transitaban por Santiago del Estero, la Justicia Federal ordenó el allanamiento de las dependencias de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en Tucumán. El procedimiento, dispuesto por el juez federal N° 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, a pedido del fiscal federal Pedro Simón, estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional.

Durante el allanamiento, realizado en las oficinas ubicadas en calle Laprida de San Miguel de Tucumán, los investigadores secuestraron documentación considerada de interés para la causa, entre la que se mencionan el libro oficial de servicio, el libro del sargento de guardia, partes de controles vehiculares, el estado de cuarto y el libro de brigada. Todo el material será sometido a pericias para determinar si existieron irregularidades y establecer el grado de participación de otros integrantes de la fuerza.

La investigación se centra en una presunta maniobra de corrupción mediante la cual efectivos de la Policía Federal, todos oriundos de Tucumán, habrían exigido y cobrado pagos ilegales a conductores de tours de compras que circulaban por rutas del norte argentino. Según la acusación, los tours de compras abonaban alrededor de 100 mil pesos para evitar los controles, mientras que camionetas y utilitarios pagaban diferentes sumas según el tipo de carga. La maniobra fue desarticulada mediante un operativo judicial con billetes previamente marcados en el paraje 27 de Abril, en el departamento Pellegrini, provincia de Santiago del Estero, donde siete efectivos federales fueron detenidos.

Como medida administrativa complementaria, y sin que ello implique una imputación penal, las máximas autoridades de la Policía Federal resolvieron desplazar de sus funciones al jefe del Departamento de Investigaciones Federales Tucumán y a la jefa de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tucumán, ambos con rango de comisarios. La decisión busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y evitar cualquier interferencia mientras la Justicia establece el grado de participación de cada uno de los involucrados.

La Justicia Federal de Córdoba investiga la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, un instructor de vuelo de 42 años que cayó de una aeronave en pleno vuelo el sábado por la tarde en la zona rural de Toledo, departamento Río Segundo. El hecho ocurrió mientras realizaba una práctica de instrucción junto a una alumna de 22 años, quien logró aterrizar la avioneta sin sufrir lesiones.

Según el testimonio de la joven, que ya poseía licencia de piloto privado pero debía acumular horas de vuelo acompañada por un instructor, Bertazzo le pidió que mantuviera el rumbo previsto. Luego se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la aeronave y cayó al vacío. La alumna alcanzó a enviar un mensaje informando la situación y procedió a aterrizar de emergencia en la pista.

Eduardo Álvarez, director de la escuela Flying Parrot Córdoba, donde Bertazzo trabajaba desde hacía cuatro años, relató que al recibir el aviso despegó de inmediato para buscar al instructor. Tras unos minutos de búsqueda aérea, encontró el lugar donde había caído y dio aviso a los equipos de emergencia, que al llegar solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Previamente, Bertazzo había realizado un primer vuelo de reentrenamiento con otro piloto sin inconvenientes. La escuela tiene como protocolo que los pilotos con poca experiencia vuelen acompañados por un instructor o un piloto de seguridad. La aeronave involucrada era un Cessna C-150.

Las autoridades trabajan bajo la hipótesis de suicidio, aunque no descartan ninguna línea. Se tomaron testimonios, se secuestró la aeronave y se analizan cámaras de seguridad de la escuela y las comunicaciones previas al vuelo. La Policía Judicial y la Justicia Federal de Córdoba quedaron a cargo de la investigación para determinar las circunstancias exactas de la caída.