La localidad de Bandera Bajada, en el departamento Figueroa, se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de un niño de cuatro años que se encontraba internado en el Hospital Zonal. El menor, identificado por las fuentes como Martín Roldán Olivera (aunque una de las fuentes presenta el apellido como Olivera), sufrió una descompensación fatal mientras se preparaba para ser trasladado de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) de la ciudad Capital.

Según los informes, el niño había ingresado al nosocomio durante la madrugada del jueves debido a un cuadro de deshidratación y síndrome febril. Alrededor de las 9:45 de la mañana, el médico de guardia, identificado como Marcos Zapata, evaluó al paciente y ordenó su derivación inmediata a un centro de mayor complejidad. Sin embargo, cerca de las 10:30, cuando el menor ya se encontraba dentro de la ambulancia para iniciar el viaje, sufrió una repentina convulsión. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el profesional y el personal de enfermería, el niño sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en el lugar.

El desenlace provocó momentos de extrema tensión e incidentes entre los familiares y el personal del hospital, lo que requirió la intervención de efectivos policiales de la subcomisaría local. El padre del menor, Martín Isidro Roldán, relató que el niño presentaba vómitos desde el miércoles 27 de mayo y que ya había sido atendido previamente en el mismo centro de salud antes de ser internado nuevamente en la madrugada del jueves. El progenitor también mencionó que, momentos antes de la descompensación, se le habría administrado medicación a través de un suero.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, ordenó una serie de medidas investigativas para determinar la causa de muerte. Entre las disposiciones se encuentran el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, la intervención del área de Criminalística, el secuestro de la historia clínica y de los medicamentos utilizados, así como la realización de entrevistas al médico, enfermeros, chofer de la ambulancia y familiares involucrados.

El 29 de mayo de 2026, la Justicia de Las Termas dictó la prisión preventiva para René Orlando Bulacio, acusado de homicidio calificado agravado por el vínculo tras la muerte de su hija Florencia Gisele Ovejero, de 10 años. La niña fue hallada sin vida el 16 de mayo en su vivienda en Chañar Pozo de Abajo, con múltiples lesiones en el cuerpo, incluyendo un fuerte golpe en la cabeza que causó una hemorragia de 48 horas. Según el fiscal Rafael Zanni, Bulacio rechazaba a la menor por no considerarla su hija y la sometía a torturas físicas, como sumergirla en agua o golpearla con la mano.

La autopsia reveló que Florencia presentaba un peso de solo 13 kilos, evidencia de una grave desnutrición. Testigos indicaron que la niña sufría constantemente agresiones, aunque su madre, Viviana Soledad Ovejero, también fue imputada por presunto encubrimiento. Aunque la madre negó involvemento directo, declaraciones a la Fiscalía confirmaron que Bulacio ‘le pegaba mucho a su hija porque decía que no era suya’.

La investigación sigue en curso, con la espera de resultados de análisis de ADN y más testimonios. El juez Diego Vittar dictó la prisión preventiva tras evaluar los riesgos procesales, mientras Bulacio permanece en prisión estricta. La defensa del imputado no opuso el pedido de la fiscalía, y se espera que el caso se concrete en audiencia en la Cámara Gesell.

El arquitecto santiagueño Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, fue detenido en Brasil acusado de racismo tras fotografiar a un niño de siete años durante un viaje en el tren turístico María Fumaça y enviar mensajes con expresiones discriminatorias, como “lo puedo llevar como esclavo”, a través de WhatsApp. La madre del menor alertó a las autoridades tras observar la conducta del hombre, lo que derivó en la intervención de la Policía Militar brasileña.

Inicialmente detenido bajo flagrancia, su situación fue elevada a prisión preventiva por 90 días tras el análisis de su celular, donde se encontraron mensajes con referencias a la esclavitud y discriminación racial. La defensa de Murias argumenta que los mensajes fueron enviados en un chat privado y no con intención racista, pero la Justicia considera suficientes las pruebas para mantenerlo detenido.

La investigación continúa con peritajes digitales para identificar a otros posibles involucrados. Los abogados del santiagueño presentaron un habeas corpus para solicitara su liberación, aunque su situación actual implica permanencia en la Tercera Comisaría Regional de Policía de São João del-Rei, Brasil, durante al menos tres meses.