La Justicia provincial investiga una serie de denuncias por presuntos abusos sexuales cometidos en el ámbito deportivo, las cuales involucran al expresidente y exdirector técnico del Club Estrella Roja, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, así como al actual entrenador de la entidad, denunciado por presunto encubrimiento y coacción. La causa cobró impulso a partir de la intervención del psicólogo del plantel, quien derivó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal.
Según la presentación impulsada por el abogado Carlos Ríos López, representante del profesional de la salud, el caso comenzó a salir a la luz tras la revelación de dos jugadoras del equipo, actualmente de 18 y 19 años. Una de las jóvenes relató haber sufrido una agresión sexual en instalaciones de la cancha provincial de hockey cuando el acusado ejercía la conducción técnica y la presidencia, hecho al que se sumaron reiterados mensajes de texto con invitaciones fuera del ámbito deportivo. Tras poner en conocimiento la situación durante una reunión de contención grupal, una segunda deportista manifestó haber atravesado una situación equivalente.
Al constatar que los hechos no constituían episodios aislados, el profesional del club buscó activar las vías de contención e informe institucional, lo que derivó en su posterior desvinculación de la entidad y en la posterior denuncia penal. En ese marco, la representación legal advirtió sobre supuestas presiones e intentos de silenciamiento dentro de la institución, remarcando la necesidad de resguardar a las jóvenes durante el avance del proceso judicial.
Asimismo, el letrado sostuvo que existirían al menos tres víctimas más vinculadas a otros clubes donde el sospechoso se desempeñó anteriormente como entrenador. De acuerdo con lo manifestado sobre el proceder del acusado, las jóvenes refirieron manoseos y tocamientos en la dinámica de los entrenamientos, además de invitaciones ajenas al ámbito deportivo. Entre estos testimonios se señaló además el caso de una adolescente que habría sido privada de su libertad en un inmueble de la ciudad capital.
Ante el cuadro expuesto, se reclamó una pronta intervención de la Justicia para arbitrar los medios de contención, recepción de testimonios y protección efectiva, subrayando que las garantías estatales no deben quedar supeditadas exclusivamente a la formalización individual de las denuncias cuando existen condiciones de temor o vulnerabilidad.
