La Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Lucía Orsetti, requirió una pena de 12 años de prisión para cuatro camioneros oriundos de la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, en el marco del requerimiento de elevación a juicio de una causa por narcotráfico internacional. Los acusados son Carlos Fernando Alarcón, José Ramón Pereyra, Daniel Rito José Sandaliche y Héctor Sebastián Andolfi, señalados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de intervinientes. En el mismo proceso se encuentran imputados tres hombres procedentes de la provincia de Jujuy: Marcos Nahuel Martínez, Marcos Martínez y Sergio Ismael Lezcano.
De acuerdo con la investigación judicial, a la organización se le incautaron un total de 842 kilos de cocaína entre mayo y septiembre de 2025, un cargamento valuado en más de 2,5 millones de dólares. Las actuaciones determinaron que la sustancia era producida en Bolivia y posteriormente ingresada al país para ser “enfriada” en la provincia de Santiago del Estero —registrándose el paso previo de los sospechosos por una finca en Quimilí— antes de continuar su viaje hacia los puertos de Rosario o Barranqueras, con destino final a Europa.
El procedimiento decisivo ocurrió el 2 de septiembre de 2025, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un camión Volvo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1466, en el puesto de control de Senda Hachada, provincia de Salta. En el vehículo se hallaron 417,715 kilos de cocaína distribuidos en 400 paquetes acondicionados en el interior de siete ruedas de camión. Los peritajes oficiales determinaron una pureza promedio del 70,7%, equivalente a más de 2,8 millones de dosis, con un valor estimado en 1.253.145 dólares para ese cargamento.
Las pesquisas habían comenzado cuatro meses antes, en mayo de 2025, tras el secuestro inicial de 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos marcados con el logo de Ferrari en una gomería de la localidad de General Mosconi, lo que permitió a los investigadores hacer el seguimiento de los sospechosos y establecer las conexiones logísticas de la banda.
Junto a los pedidos de 12 años de cárcel para los cuatro santiagueños, la Fiscalía solicitó inhabilitaciones y multas superiores a los 8 millones de pesos. Asimismo, para el imputado jujeño Marcos Martínez se requirió una condena de 13 años de prisión efectiva al añadirle el delito de tenencia de arma de uso civil condicional. El expediente pasará ahora a la etapa de juzgamiento, donde el tribunal competente deberá resolver la situación procesal de los acusados.
