La Justicia de Las Termas de Río Hondo resolvió rechazar la acción de hábeas corpus presentada por la defensa de Rodolfo Alonso, el padre del niño termeño que permanece internado desde hace aproximadamente un mes en el Hospital de Pediatría Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires. Con esta determinación, el hombre continuará privado de su libertad mientras avanza la causa judicial.
La resolución fue adoptada tras una audiencia desarrollada ante el juez de Control y Garantías local, Diego Vittar, quien no hizo lugar al planteo impulsado por el abogado defensor Andrés Lizárraga, mediante el cual se solicitaba la inmediata libertad del progenitor. El magistrado consideró que no correspondía otorgar la medida por esa vía procesal y mantuvo vigentes las restricciones actuales.

El caso se encuentra inmerso en un complejo conflicto familiar y judicial vinculado a la custodia y situación del menor. El padre había denunciado que el niño habría sido víctima de abusos sexuales en la provincia de Santiago del Estero, justificando su accionar en la necesidad de resguardar su integridad física y médica.
Por su parte, el abogado defensor sostuvo que su asistido no es un delincuente, sino una persona que actuó en protección de su hijo, señalando además que se encuentra angustiado y sin contacto con el pequeño desde que fue asistido en el centro de salud porteño. Asimismo, hizo referencia a la existencia de informes médicos realizados en el Hospital Garrahan que reflejarían situaciones padecidas por el menor.

En contraposición, la representación legal de la madre del pequeño, a cargo de la abogada Nataly Montero, sostiene una hipótesis distinta. La querella plantea que la denuncia de presuntos abusos habría formado parte de una maniobra coordinada entre el padre y una persona cercana para trasladar al menor fuera de la provincia y obtener su tenencia. Como parte de su postura, la letrada incorporó al expediente una serie de mensajes que respaldarían dicha presunción.
La situación procesal de Alonso tendrá una nueva instancia en los tribunales, ya que se encuentra fijada una audiencia para tratar los pedidos de excarcelación y el requerimiento de prisión preventiva, mientras la Justicia prosigue con la realización de pericias para esclarecer los hechos.















