El juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, dictó tres meses de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario a Paola Ayelén Carrizo, una mujer con residencia en la calle Pedro León Gallo del barrio Villa del Carmen, imputada por ofrecer presuntos planes sociales de emergencia y tarjetas sociales alimentarias a cambio de retribuciones económicas.
La causa, caratulada provisoriamente como tentativa de estafa en perjuicio del Estado Provincial, es instruida por la fiscal Cecilia Larred con el trabajo del Departamento Delitos Económicos. El caso se originó en julio, a partir de tareas de la división Ciber Patrulla, que detectó publicaciones en redes sociales con ofertas transaccionales. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, la investigación preliminar señala que se utilizaban distintos perfiles creados en redes desde un mismo dispositivo celular.
Las actuaciones avanzaron luego de que un particular, identificado como Rolando Ramírez, se contactara tras mostrar interés inicial en los anuncios. Al percatarse de que se trataría de una presunta maniobra ilegal, el damnificado optó por no abonar dinero y formalizó una denuncia, lo que derivó en la posterior detención de la sospechosa.
En la audiencia, el abogado defensor Raymundo Ledesma solicitó la excarcelación de Carrizo argumentando la debilidad de las pruebas y señalando que se trató de un intento frustrado. De manera subsidiaria, requirió el arresto domiciliario fundado en razones de maternidad.
Luego del análisis del expediente, el juez Améstegui resolvió conceder la prisión domiciliaria por un período de tres meses, disponiendo que la acusada tiene prohibido salir de su domicilio bajo ninguna circunstancia sin autorización previa y notificación a la policía.
