La investigación judicial por presuntas maniobras delictivas cometidas en perjuicio de la concesionaria Fürth Automotores sumó definiciones clave tras una audiencia encabezada por el juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, quien resolvió prorrogar las detenciones de Matías Llado, exjefe de Ventas de la empresa, y Graciela Moyano, exempleada del área de caja.
El requerimiento fue impulsado por los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortés, quienes expusieron los elementos reunidos hasta el momento. Moyano se encuentra privada de su libertad desde el pasado 6 de agosto, mientras que Llado fue apresado el 12 del mismo mes. La fiscal Ledesma calificó el expediente como “muy complejo” y señaló que las maniobras bajo sospecha se habrían iniciado en el año 2024, apuntando principalmente a las actuaciones de Llado y del exgerente de la firma, Gerardo Caro.
Caro fue detenido recientemente durante un allanamiento en su domicilio del barrio Santa Clara, en la ciudad de La Banda, procedimiento a cargo de la fiscalía y efectivos del Departamento Delitos Económicos, donde se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.
Por su parte, el abogado querellante de Fürth Automotores, Marcelo Sgoifo, sostuvo que los informes de auditoría ubican el monto del desfalco en $6.931 millones —cifra que actualiza estimaciones preliminares de $5.600 millones—. Ante este escenario, la querella adelantó que pedirá nuevas imputaciones y la recaratulación del expediente para incorporar las figuras de asociación ilícita y desbaratamiento de derechos acordados, en concurso con la estafa investigada.
Entre las diversas irregularidades detectadas por los peritajes y testimonios se incluyen cobros no asentados en el sistema contable de la concesionaria —como operaciones atribuidas a los clientes Rivas Jordán y al matrimonio Costich—, entrega irregular de vehículos 0 km, reventa de planes caídos y deudas vinculadas con la firma Volkswagen que rondarían los $80 millones, pasivo del cual se encuentra haciéndose cargo la empresa damnificada. Asimismo, la pesquisa busca esclarecer la situación de múltiples compradores que aseguran haber pagado sus unidades y enfrentan inconvenientes para concretar la entrega o el patentamiento por falta de documentación formal.
