La Justicia resolvió extender la detención de la contadora pública nacional Nora Isabel Villarroya, quien permanece privada de su libertad desde el pasado 18 de agosto en el marco de una investigación penal por presunta estafa tramitada en la órbita de Delitos Económicos.
La determinación fue adoptada por la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, durante una audiencia judicial correspondiente a la causa N.º 2637/2026 y legajo fiscal N.º 37376/2026. En la audiencia, el abogado defensor Manuel Francisco Zavalía solicitó la excarcelación de la imputada —luego de que previamente no prosperara un planteo de eximición de prisión—, mientras que la fiscal Melissa Fadel Pagani requirió la prórroga de la detención. En representación de la parte querellante intervinieron los letrados Eugenia Chavarría y Francisco Palau.
Tras el análisis de los planteos de las partes, la magistrada desestimó el pedido de la defensa y dispuso prorrogar la detención de Villarroya conforme a los plazos procesales legales vigentes, fijándose en la resolución un término de 15 días mientras continúa el curso de la investigación.
El expediente se originó a partir de denuncias sobre presuntas maniobras fraudulentas. Entre los hechos bajo análisis, se investiga la denuncia realizada por la médica María Gabriela Ortiz, quien señaló a Villarroya por el presunto uso no autorizado de claves bancarias y token de seguridad para emitir 52 cheques electrónicos por sumas millonarias, en el marco de un vínculo profesional iniciado en 2001. De acuerdo con las pesquisas, dichos instrumentos de pago habrían tenido como destino a proveedores agropecuarios y de combustibles, entre ellos una firma que opera en Clodomira.
Asimismo, la causa contempla actuaciones impulsadas por el Departamento de Delitos Económicos referidas a la administración de bienes de una firma empresarial privada, donde se investigan operaciones comerciales, venta de propiedades y gestiones crediticias presuntamente irregulares. Con la continuidad de la medida de coerción, el Ministerio Público Fiscal proseguirá con la recolección de pruebas y peritajes documentales para esclarecer los hechos.
