El Gobierno nacional abrió una instancia de negociación con bloques dialoguistas en el Congreso para reformular el capítulo de Discapacidad incorporado en el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La decisión de revisar el texto se tomó luego de que la propuesta original generara fuertes repercusiones políticas tanto en la oposición aliada como puertas adentro del propio oficialismo.
El proyecto girado a la Cámara de Diputados planteaba reformas sustanciales en el régimen de pensiones no contributivas, entre ellas el reemplazo del criterio de discapacidad por el de invalidez laboral para el acceso al beneficio, además de modificaciones sobre los requisitos y las condiciones de compatibilidad con el empleo registrado. Asimismo, el texto contemplaba cambios en el sistema de prestaciones básicas, como la supresión de la actualización obligatoria y la habilitación a obras sociales y empresas de medicina prepaga para determinar sus propios aranceles.
Estas disposiciones suscitaron reparos en sectores del PRO y la UCR, e incluso entre referentes parlamentarios de La Libertad Avanza. La senadora Patricia Bullrich expuso públicamente su desacuerdo al señalar que el articulado no había sido tratado previamente en la Mesa Política del Gobierno, advirtiendo sobre las complicaciones que esto acarreaba para el consenso legislativo. Para reencauzar las conversaciones, se realizaron reuniones de coordinación entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la diputada Laura Rodríguez Machado, encargada del diálogo parlamentario en la materia.
El debate presupuestario se produce en un escenario de tensión respecto del poder adquisitivo de los beneficiarios. Las pensiones no contributivas por invalidez equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualizan mensualmente por inflación desde marzo de 2024. No obstante, el congelamiento del bono extraordinario en $70.000 generó un deterioro del 18,8% en su poder de compra entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.
En paralelo a la discusión legislativa, el área de cobertura prestacional continúa bajo el esquema de actualización mensual ligado al Índice de Precios al Consumidor. A través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, encabezada por Alejandro Alberto Vilches, se dispuso para septiembre de 2026 un incremento del 1,70% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con el objetivo de sostener los servicios asistenciales en todo el país.
