En el marco de la investigación por una presunta red de cobro de coimas a tours de compras que transitaban por Santiago del Estero, la Justicia Federal ordenó el allanamiento de las dependencias de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en Tucumán. El procedimiento, dispuesto por el juez federal N° 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, a pedido del fiscal federal Pedro Simón, estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional.

Durante el allanamiento, realizado en las oficinas ubicadas en calle Laprida de San Miguel de Tucumán, los investigadores secuestraron documentación considerada de interés para la causa, entre la que se mencionan el libro oficial de servicio, el libro del sargento de guardia, partes de controles vehiculares, el estado de cuarto y el libro de brigada. Todo el material será sometido a pericias para determinar si existieron irregularidades y establecer el grado de participación de otros integrantes de la fuerza.

La investigación se centra en una presunta maniobra de corrupción mediante la cual efectivos de la Policía Federal, todos oriundos de Tucumán, habrían exigido y cobrado pagos ilegales a conductores de tours de compras que circulaban por rutas del norte argentino. Según la acusación, los tours de compras abonaban alrededor de 100 mil pesos para evitar los controles, mientras que camionetas y utilitarios pagaban diferentes sumas según el tipo de carga. La maniobra fue desarticulada mediante un operativo judicial con billetes previamente marcados en el paraje 27 de Abril, en el departamento Pellegrini, provincia de Santiago del Estero, donde siete efectivos federales fueron detenidos.

Como medida administrativa complementaria, y sin que ello implique una imputación penal, las máximas autoridades de la Policía Federal resolvieron desplazar de sus funciones al jefe del Departamento de Investigaciones Federales Tucumán y a la jefa de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tucumán, ambos con rango de comisarios. La decisión busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y evitar cualquier interferencia mientras la Justicia establece el grado de participación de cada uno de los involucrados.