Una cosecha de algodón valuada en aproximadamente 1.500 millones de pesos mantiene en tensión a la localidad de Vilelas, en el departamento Juan Felipe Ibarra, Santiago del Estero. El conflicto judicial enfrenta a las empresas Halgon SAS y Capitanich SAS, que reclaman derechos sobre una fracción de un establecimiento rural donde la recolección del cultivo quedó prácticamente paralizada.

La disputa tiene como escenario una fracción de aproximadamente 520 hectáreas del establecimiento denominado “El Aguará”, ubicado sobre la Ruta Provincial 92, a unos 40 kilómetros de Quimilí. El predio forma parte del inmueble identificado catastralmente como Lote 107 A1, que posee una superficie total de 2.714 hectáreas. Según consta en las presentaciones judiciales, ambos grupos son arrendatarios de campos vecinos y sostienen posiciones contrapuestas respecto de la posesión de una franja donde se encuentra una importante producción algodonera.

La causa es tramitada por el Colegio de Jueces de Proceso Nº 1. Halgon SAS está representada por los abogados Raymundo Ledesma Chazarreta y Lucas Cabañas, mientras que la contraparte corresponde a Capitanich SAS.

En las últimas horas, la representación legal de Halgon SAS presentó un “interdicto de retener”, una acción judicial prevista para proteger la posesión o tenencia de un bien cuando quien la ejerce considera que está siendo perturbado por actos materiales o amenazas. Además, solicitó una constatación judicial urgente con habilitación de la feria y de días y horas inhábiles, y pidió el dictado de una medida cautelar de prohibición de acercamiento recíproca y una medida de no innovar respecto del predio y del personal de la empresa.

Según la presentación, Halgon denunció actos de turbación material, violencia y hostigamiento sobre el inmueble. Voceros policiales señalaron que en los últimos días hubo “choques” entre empleados de ambos grupos, lo que motivó un incremento de la presencia policial en el lugar para evitar incidentes.

El conflicto se desarrolla durante la feria judicial, lo que ha requerido habilitaciones especiales para el tratamiento de las medidas cautelares.