Una familia de La Banda, integrada por un comerciante y matarife, su esposa (de apellidos Fernández y González) y sus hijos, fue denunciada ante los tribunales de La Banda por una presunta estafa multimillonaria vinculada a la compraventa de ganado. La denuncia, impulsada por los abogados Valeria Lescano y Javier Leiva, apunta contra los responsables de la firma North Trading Solutions S.R.L., que según la denuncia registra actividades vinculadas con feedlot, intermediación de carnes, matanza y comercialización de ganado, transporte automotor de cargas y actividades agropecuarias.

Los damnificados son un empresario de Salta, Juan Manuel Calderoni; un empresario de Corrientes, Ángel Martín Guedez; y un consignatario. Reclaman pagos que, según el abogado Leiva, ascienden a unos $1.400 millones. Sin embargo, el letrado advirtió que el total de la presunta defraudación, al sumar a otros productores perjudicados de distintas provincias, podría alcanzar los $5.000 millones.

Los denunciantes atribuyen a la familia y a la empresa los delitos de “estafa reiterada, asociación ilícita, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta y demás figuras penales que pudieren surgir durante la investigación”. Las demandas están a cargo del Departamento Delitos Económicos de La Banda, con intervención de los fiscales José Piña y Hugo Herrera.

Leiva describió las maniobras como sistemáticas: “captación comercial mediante la utilización de la firma, exhibición de una estructura empresaria aparentemente sólida, invocación permanente de solvencia económica y respaldo patrimonial, recepción efectiva de los animales, incumplimiento posterior de los pagos comprometidos y dilaciones, promesas incumplidas y evasivas permanentes”. La investigación se centra en determinar el alcance total de las operaciones y la posible participación de otros involucrados.

Después de 23 días de lucha en terapia intensiva, falleció Matías Nahuel Barraza, el joven motociclista de 21 años oriundo del paraje KM 7, zona rural de Añatuya. El deceso se produjo pasadas las 8:30 de la mañana de este martes en el Hospital Regional, donde estaba internado con gravísimas lesiones tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 7 de junio sobre la Ruta Provincial Nº 7.

Según la investigación fiscal, ese domingo alrededor de las 8 de la mañana, una vecina del paraje alertó a los familiares sobre un hombre tendido e inconsciente en la banquina. La hermana de Barraza acudió al lugar y lo encontró bañado en sangre, por lo que lo trasladó de urgencia en un vehículo particular al Hospital Zonal de Añatuya. Debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda y luego a la capital provincial, donde permaneció en terapia intensiva.

El parte médico inicial indicó que Barraza presentaba un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, fractura parietal con hemorragia intracraneal y un pronóstico reservado, estimándose un período de recuperación de al menos 30 días. Sin embargo, su estado nunca logró revertirse.

El fiscal Dr. Guillermo Farías, a cargo de la investigación, ordenó que personal de Criminalística realizara tareas de planimetría y fotografía en el lugar del siniestro. Horas después del accidente, la policía aprehendió a Franco Roldán, de 21 años y domiciliado en el KM 11, quien ingresó al hospital con escoriaciones en las rodillas compatibles con un accidente. Al ser abordado, Roldán confesó el choque y su familia entregó voluntariamente la motocicleta Honda Wave 110 cc que habría utilizado. Quedó alojado en la Alcaidía.

De acuerdo con la investigación, Roldán circulaba por la Ruta 7 cuando colisionó violentamente con Barraza y, tras el hecho, lo abandonó herido en el lugar. La causa, que inicialmente fue caratulada como ‘lesiones graves por accidente de tránsito y abandono de persona’, será recaratulada tras el desenlace fatal. Se espera que el fiscal libre oficio urgente para el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Añatuya.

La Justicia de Santiago del Estero ordenó la detención de Nora Isabel Villarroya, una mujer acusada de haber ejercido como contadora sin estar matriculada y de haber cometido un multimillonario fraude en perjuicio de la firma agropecuaria DEJDE S.R.L., con sede en la ciudad de La Banda. Según distintas fuentes, el monto de la estafa superaría los 5 mil millones de pesos, aunque una de las noticias menciona un desfalco superior a los 1.000 millones de pesos. Villarroya se encuentra prófuga y es intensamente buscada por las fuerzas de seguridad.

La investigación se inició tras la denuncia de Ángela Sánchez, integrante de la firma damnificada, quien afirmó que la sospechosa tenía un poder total de administración y disposición, además del manejo exclusivo de la clave fiscal de la empresa. De acuerdo con la denuncia presentada por una de las familias afectadas, Villarroya habría estado a cargo durante años de la administración integral de la documentación contable, impositiva y fiscal de la compañía.

Con esas facultades, la falsa profesional habría gestionado millonarios préstamos bancarios sin consultar a los propietarios, transferido una cosechadora de alto valor y vendido de manera irregular una cabaña en la provincia de Córdoba. Los hechos comenzaron a descubrirse cuando una vecina cordobesa alertó a los dueños de la empresa sobre personas desconocidas que cortaban las cerraduras del inmueble, y luego constataron que Villarroya ya lo había escriturado a otro nombre.

Ante los reclamos de informes, la mujer interrumpió todo contacto, lo que llevó a la firma a revocarle el poder en marzo mediante carta documento. Poco después comenzaron a llegar intimaciones de distintas entidades bancarias por deudas no autorizadas. La causa es llevada adelante por la fiscal Celia Mussi y el abogado querellante Gabriel Coronel Chalfón.

El juez Héctor Salomón ordenó la detención de Villarroya y dispuso el allanamiento de un piso en la calle Misiones, pero el procedimiento resultó infructuoso. La defensa de la sospechosa, a cargo del abogado Manuel Zavalía, presentó un pedido de eximición de prisión que fue rechazado por el magistrado, y la apelación se encuentra ahora en la Cámara de Apelaciones.

La querella sospecha que Villarroya cuenta con cómplices y, debido a su alta solvencia económica, solicitará informes a Migraciones por temor a que haya salido del país. Mientras tanto, la orden de captura sigue vigente y la investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras y el destino del dinero.

Morena Rial, de 27 años, fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos bajo la modalidad “escruche” en viviendas de Villa Adelina y Castelar. La sentencia fue dictada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, tras homologar un acuerdo de juicio abreviado suscripto entre la defensa y la fiscalía.

Luego de conocerse la resolución, la defensa de la hija del periodista Jorge Rial presentó un pedido para que se le conceda la libertad condicional. Antes de resolver, la magistrada ordenó una evaluación psicológica y requirió la opinión del fiscal general adjunto Patricio Ferrari. Mientras tanto, Morena Rial continúa bajo arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica y restricciones para usar redes sociales.

Su abogado, Alejandro Cipolla, explicó que la joven reúne los requisitos para acceder al beneficio, ya que lleva más de ocho meses cumpliendo la medida cautelar prevista para este tipo de condenas. Agregó que su principal deseo es cerrar esta etapa judicial y reencontrarse con su hijo, quien reside en la provincia de Córdoba.

El episodio central ocurrió el 18 de enero de 2025 en una vivienda de Villa Adelina, partido de San Isidro. La propiedad estaba desocupada porque sus dueños estaban de vacaciones. Morena Rial llegó conduciendo un Peugeot 207 junto a otros integrantes de la banda. Mientras algunos permanecieron en el vehículo, dos sospechosos ingresaron a la casa tras cortar el suministro eléctrico, superar una reja y forzar una ventana, sustrayendo distintos elementos. La causa también la vincula con otro robo en Castelar, donde los delincuentes escaparon con un botín que incluía dólares, dispositivos electrónicos y perfumes. Durante la investigación, la influencer negó haber participado.

El juez de Control y Garantías, Héctor José María Salomón, ordenó la detención de la contadora Nora Isabel Villarroya en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Celia Mussi. La medida se tomó a raíz de una denuncia por presuntas ventas irregulares y la gestión de empréstitos en entidades crediticias que habrían causado un perjuicio millonario a la empresa DEJDE S.R.L.

La denuncia fue presentada por Ángela Sánchez, integrante de la firma, bajo la figura de “supuesto delito a establecer”. De acuerdo con los investigadores, Sánchez habría otorgado un poder amplio a Villarroya para la administración de los bienes de la empresa, cuyas oficinas operan en la ciudad de La Banda.

En ese contexto, la denunciante sostuvo que Villarroya habría concretado la venta de propiedades y maquinarias pertenecientes a la firma, además de gestionar préstamos por montos millonarios. Según fuentes de Diario Panorama, la defraudación superaría los mil millones de pesos. Siempre según la presentación, la contadora no habría emitido respuestas a los requerimientos de información formulados por la empresa.

Ante esta situación, la firmante formalizó la denuncia, tras lo cual la fiscal Mussi dispuso la intervención de especialistas del Departamento de Delitos Económicos, quienes elaboraron informes preliminares. Con esos elementos, la fiscal solicitó la detención de Villarroya.

La medida fue inicialmente contrarrestada por un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de la contadora, a cargo del abogado Manuel Francisco Zavalía. Sin embargo, voceros judiciales informaron a El Liberal que el juez Salomón desestimó el escrito, por lo que Zavalía apeló la decisión, y el incidente deberá ser resuelto por un tribunal de la Cámara de Apelaciones.

Previamente, se realizaron allanamientos en un inmueble ubicado en calle Misiones y en otros domicilios, sin que la profesional fuera ubicada. Hasta el momento, la contadora se encontraría ausente y no ha podido ser localizada.

Siete efectivos de la Policía Federal con asiento en Tucumán y dos civiles fueron detenidos en la madrugada de ayer en el departamento Pellegrini, en el marco de un procedimiento en el que se secuestraron más de $8.000.000. Las detenciones fueron el resultado de una investigación de ocho meses que desarticuló una organización que cobraba coimas a tours de compras para permitir el paso de mercadería de contrabando.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal federal Pedro Simón, ordenados por el juez Sebastián Argibay y ejecutados por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero” de Gendarmería Nacional. El operativo, denominado “Operación Prisma”, se concentró en un puesto de control ubicado en el paraje 7 de Abril, sobre la ruta nacional 34, en cercanías de Rapelli.

Según fuentes de la investigación, a partir de intervenciones telefónicas realizadas durante ocho meses por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se estableció que colectivos de tours de compras pagaban dinero en efectivo a efectivos policiales para asegurar el paso de mercadería sin control, en trayectos que unían Orán (Salta) con la ciudad de Buenos Aires.

Con esos elementos, Gendarmería solicitó dinero al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, para implementar técnicas especiales de investigación que incluyeron la entrega controlada de dinero previamente marcado. Agentes encubiertos de la AFI llegaron al puesto de control y entregaron las sumas a los policías involucrados, quienes desconocían que eran vigilados por la inteligencia de la Gendarmería Nacional de Buenos Aires y Santiago del Estero. Según los investigadores, en al menos cuatro oportunidades se registraron pedidos de dinero a tours de compras en la ruta.

Un violento choque frontal entre dos motocicletas ocurrió el sábado por la tarde en el paraje La Esquina, de la localidad de Guampacha, en el departamento Guasayán. El siniestro vial se registró en una zona rural bajo jurisdicción de la Subcomisaría de Santa Catalina. Por causas que aún se investigan, colisionaron de frente una motocicleta Zanella ZB y una Motomel S2. Producto del fuerte impacto, uno de los rodados terminó con la rueda delantera completamente desprendida de su eje, quedando ambos vehículos tendidos en el medio del camino.

Todos los protagonistas debieron ser trasladados de urgencia hacia los centros de salud de la ciudad Capital debido a la gravedad de las lesiones. Según se conoció, el conductor de la Zanella ZB permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional bajo coma inducido, presentando lesiones cerebrales de aparente gravedad. Mientras que la otra conductora, una adolescente de 17 años, se encuentra alojada en la Unidad de Terapia Intensiva de un centro de salud privado, donde las autoridades médicas aguardan los resultados de una resonancia magnética, radiografías de tórax y electrocardiogramas para evaluar su evolución. Por su parte, la hermana de la adolescente, una niña de 7 años, se encuentra internada estable y en observación en el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI), donde se le realizan estudios de control en el cráneo y el tórax.

El fiscal de turno, Dr. Alfonso Arce, dispuso el secuestro preventivo de ambos motovehículos para la realización de las pericias mecánicas y los croquis correspondientes.

Un hombre de 65 años, identificado como Carlos Ledesma, fue hospitalizado luego de sufrir un feroz ataque de su propio perro en una vivienda del barrio Parque, en la capital santiagueña. El episodio ocurrió este sábado cerca de las 14 horas, en un domicilio ubicado sobre calle Santa Cruz al 900, entre Ejército Argentino Norte y Defensa.

Personal de la División Prevención Zona Norte acudió al lugar tras ser alertado de la situación. Al llegar, los efectivos entrevistaron al propietario de la vivienda, quien presentaba lesiones en ambos brazos producto de las mordeduras del animal. Ante la gravedad de las heridas, se solicitó la presencia de una ambulancia y el hombre fue trasladado al Hospital Regional para recibir asistencia médica.

Según relató el damnificado al personal de salud, no era la primera vez que su mascota reaccionaba de manera agresiva y lo atacaba. Tras el episodio, Ledesma indicó que evaluaría qué decisión tomar respecto al animal.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria 16 de Clodomira, en el departamento Banda, llevan adelante una investigación para esclarecer el robo ocurrido en una finca ubicada en la zona rural de Jume Pachina, según identificó la policía.

La denuncia fue realizada el sábado por el encargado del lugar, un hombre de 36 años, quien al revisar las instalaciones descubrió el faltante de diversos bienes. Según las fuentes policiales, el ingreso de los delincuentes se produjo sin ejercer violencia en puertas o ventanas.

Los ladrones se apoderaron de siete millones de pesos en efectivo, que correspondían a los ahorros personales del encargado. Además, sustrajeron dos escopetas calibre 16 milímetros; tres motosierras; siete rollos de alambre; una batería y un boyero eléctrico; y un televisor LCD de 32 pulgadas. Según la víctima, el dinero era de su propiedad, mientras que los bienes pertenecían al dueño de la finca.

El damnificado fue invitado por los uniformados a radicar la denuncia penal correspondiente en la sede policial. El caso fue informado de inmediato a la fiscalía de turno de la circunscripción Banda y Robles, desde donde se dispuso la intervención de las brigadas de investigaciones y de los peritos de Criminalística.

Las autoridades judiciales ordenaron una serie de medidas urgentes, entre ellas el relevamiento de huellas en el lugar y entrevistas a vecinos de zonas colindantes, con el objetivo de identificar a los autores del hurto y determinar cómo se comercializaron o trasladaron los bienes robados.

En un operativo preventivo llevado a cabo en el ingreso oeste de la ciudad Capital, sobre Avenida Libertad a la altura de la rotonda del barrio Bosco II, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Onix que provenía de la ciudad de Frías. Los cuatro ocupantes del vehículo, de entre 19 y 21 años, evidenciaron un marcado nerviosismo y brindaron respuestas contradictorias durante la entrevista de rutina, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

Durante la revisión visual, los uniformados divisaron un paquete rectangular envuelto en cinta de embalar ubicado en el sector trasero del rodado. Con la intervención de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo y la correspondiente autorización judicial, se realizó la requisa del vehículo, constatándose que el bulto contenía marihuana con un peso total de 1,043 kilogramos.

Además de la droga, se secuestraron una balanza digital de precisión, cuatro teléfonos celulares, una consola de videojuegos, un dispositivo de almacenamiento informático y el automóvil utilizado para el traslado. Por disposición de la fiscalía interviniente, los cuatro ocupantes fueron detenidos y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.