El fiscal federal Sergio Mola solicitó este viernes la detención de Martín Insaurralde y de su exesposa Jésica Cirio en el marco de la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El pedido fue presentado ante el juez federal Luis Armella, quien deberá resolver si ordena las detenciones para que ambos sean citados a declaración indagatoria.

Según fuentes judiciales, el fiscal consideró que existen elementos que permiten sospechar que Insaurralde y Cirio participaron en maniobras destinadas a ocultar bienes y dinero cuyo origen se investiga. Además, señaló que, si permanecen en libertad, existe riesgo de que entorpezcan la investigación mediante el ocultamiento de pruebas o que eventualmente puedan fugarse.

El planteo se produjo pocos días después de que se difundieran videos en los que se observaría a Cirio grabando millones de dólares almacenados en cajones, bolsos, cajas y una valija dentro del vestidor de una vivienda ubicada en San Vicente, vinculada al exfuncionario. Para la Fiscalía, esas imágenes modificaron la situación procesal de los investigados, al comprobarse el delito de enriquecimiento y lavado.

La causa se originó tras el viaje de lujo que Insaurralde realizó en 2023 a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. En octubre de 2024, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco ya habían solicitado la indagatoria de Insaurralde por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y extendieron el pedido a un grupo de familiares señalados como posibles testaferros. Uno de los ejes centrales de la investigación es la empresa Sasaxa Libero S.A., propietaria de la casa de Insaurralde en San Vicente, cuyo contador declaró como testigo y admitió que firmaba los estados contables de la firma.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas una inspección ocular en el inmueble para determinar si el lugar registrado en los videos coincide con la vivienda allanada en 2023. Durante los próximos días deberán declarar como testigos efectivos policiales que participaron de aquel procedimiento, los testigos del allanamiento y dos exempleadas domésticas que trabajaron en la propiedad.