La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena impuesta al exintendente de la ciudad de Pinto y ex vicegobernador de Santiago del Estero, Emilio Alberto Rached, al rechazar por mayoría el recurso presentado por su defensa. La resolución judicial ratificó su responsabilidad penal en los delitos de peculado y malversación de caudales públicos en concurso ideal, vinculados al manejo de fondos destinados a obras públicas durante su gestión comunal.
El fallo de la alzada convalidó la sentencia que había sido dictada el 30 de diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, conformado por los jueces Abelardo Basbús, Ana Carina Farías y Federico Bothamley. De esta manera, quedó firme para Rached la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, además de las costas del proceso.
En la misma resolución, el tribunal integrado por los magistrados Daniel Antonio Petrone, Javier Carbajo y Ángela E. Ledesma ratificó la condena contra la exsecretaria de Economía de la Municipalidad de Pinto, Ana María Vera. Considerada coautora de los mismos delitos, Vera recibió una condena de dos años y tres meses de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación absoluta perpetua.
Si bien ninguno de los dos cumplirá prisión efectiva, ambos deberán acatar reglas de conducta durante dos años y afrontar de manera conjunta el pago de $5.143.590, monto que deberá actualizarse mediante la tasa pasiva del Banco Nación calculada desde el 30 de octubre de 2018.
La causa se centró en la administración irregular de partidas presupuestarias giradas por la Nación para obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en Pinto. El convenio preveía un financiamiento superior a los 80 millones de pesos para intervenciones en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad, que incluían un centro cultural y polideportivo NIDO, estaciones elevadoras, una planta depuradora y una red de desagües cloacales.
Durante el proceso se acreditaron maniobras que incluyeron contrataciones irregulares, comprobantes sin respaldo documental y libramiento de cheques emitidos a personas distintas de los proveedores formalmente declarados. Entre los puntos evaluados, la Justicia constató que la obra de la red cloacal apenas exhibía un avance cercano al 28% —estimado en unos 16 millones de pesos—, cuando el proyecto global contaba con una previsión presupuestaria cercana a los 60 millones de pesos.
