La causa judicial que investiga el presunto desfalco financiero contra la firma Fürth Automotores, ubicada sobre la calle Libertad en la capital santiagueña, ingresó en una fase determinante con la notificación de una ampliación de cargos hacia los tres detenidos: el exgerente Gerardo Caro, el jefe de ventas Matías Llado y la cajera Graciela Moyano.
La Fiscalía, a cargo de Victoria Ledesma y Diego Cortés, formalizó la imputación por presunta asociación ilícita, un encuadre penal que contempla penas de cumplimiento efectivo y reduce considerablemente la posibilidad de excarcelación durante el proceso. En ese esquema, la acusación evalúa un rol de jefatura atribuido directamente a Caro, cuya denuncia inicial realizada a mediados de julio dio origen a las actuaciones judiciales que terminaron destapando las presuntas maniobras irregulares.
Los tres acusados comparecieron ante los tribunales provinciales para prestar declaración indagatoria en una jornada signada por un fuerte dispositivo de seguridad. De acuerdo con lo previsto por la Justicia, tras la ampliación indagatoria de Caro y la comparencia de Llado y Moyano, la jueza de control y garantías encabezará una audiencia conjunta donde el Ministerio Público Fiscal formalizará el pedido de prisión preventiva para la totalidad de los imputados.
En cuanto a la magnitud del impacto financiero, los números que se manejan en el expediente exponen diferentes estimaciones según las partes: mientras una auditoría en curso y la presentación original calculan cifras cercanas a los 5.600 millones de pesos, la querella representada por el abogado Marcelo Sgoifo estima que el perjuicio económico alcanzaría los 6.931 millones de pesos, al tiempo que otros reportes del legajo mencionan cifras parciales en torno a los 693,1 millones de pesos vinculadas al desvío directo y maniobras contables.
En paralelo, la instrucción penal continúa recibiendo testimonios de empleados y vendedores de la firma comercial para reconstruir la operatoria diaria. La investigación analiza movimientos bancarios, compras patrimoniales, viajes al exterior y más de 50.000 correos electrónicos corporativos. Asimismo, una de las hipótesis que evalúan los pesquisas apunta a determinar si parte del flujo monetario desviado fue canalizado hacia entidades informales o casas de cambio no reguladas en las provincias de Tucumán y Santa Fe, en un caso de fuerte impacto institucional y económico en toda la provincia.
