La Justicia de Santiago del Estero dictó la prisión preventiva por el plazo de un año para el agenciero Abdón Alberto Juárez, acusado de estar involucrado en una trama de estafas vinculadas a la comercialización de automotores, con un perjuicio económico estimado en más de 160 millones de pesos.
La medida fue dispuesta por la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, a partir del pedido formulado por la fiscal Dra. Luján González Garay. En la causa, que involucra hechos ocurridos en distintas localidades de la provincia, la investigación continúa avanzando y, según trascendió en el ámbito judicial, el número de denunciantes rondaría las 40 personas.
Según la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, el imputado utilizaba un local de venta de vehículos —ubicado sobre la avenida Libertad al 1500— para generar confianza entre los clientes. Bajo distintas modalidades, Juárez recibía rodados para su comercialización bajo contrato de consignación, como parte de pago de obligaciones o para ser entregados a terceros. Sin embargo, la acusación señala que en diversos casos los vehículos habrían sido vendidos, desviados o hechos desaparecer sin que los propietarios recibieran la contraprestación económica ni recuperaran sus bienes, presuntamente mediante maniobras engañosas y uso de documentación.
El proceso judicial contra Juárez se desencadenó a partir de la denuncia de una damnificada que expuso la falta de respuesta y la desaparición de dos vehículos entregados en consignación (una camioneta Renault Master y un automóvil Volkswagen Vento). El comerciante fue detenido en el mes de mayo e indagado por las autoridades fiscalizadoras. En su declaración, el acusado sostuvo que la denunciante conocía el paradero de las unidades.
Durante la audiencia de prisión preventiva, el Ministerio Público Fiscal fundó el pedido de permanencia en prisión al argumentar la existencia de riesgos procesales, entre los que se destacaron el peligro de fuga, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y antecedentes como el cierre del local comercial. La Fiscalía y otros fiscales intervinientes continúan recolectando elementos de prueba para reconstruir la totalidad de las operaciones y precisar la dimensión definitiva del perjuicio económico.
