La Cámara de Diputados de la Nación retomó el tratamiento sobre la prórroga de la emergencia del sistema de protección social para personas con discapacidad, en un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. El debate se da tras un cronograma fijado a partir de un emplazamiento aprobado por 249 votos, que estableció una primera jornada informativa y un próximo encuentro previsto para el 23 de septiembre con miras a dictaminar.
Durante la reunión de comisiones, el diputado nacional por Santiago del Estero, Jorge Mukdise, planteó una postura fundamentada en su experiencia previa al frente de la administración municipal y en las necesidades que presentan las familias del interior. Mukdise recordó que durante su gestión municipal recibía numerosos pedidos de vecinos vinculados a la temática y relató cómo el contacto directo con los casos lo llevó a dimensionar el esfuerzo cotidiano de los hogares: “Lo que se pueda dar por parte del Estado es una miseria comparado con el esfuerzo que hace una mamá, un papá, por poder darle calidad de vida a su hijo o a su hija”, expresó.
Asimismo, el legislador santiagueño puso especial énfasis en las problemáticas de traslado y la situación territorial de la provincia. Señaló que en jurisdicciones extensas y de baja densidad poblacional, donde se registran menos de siete habitantes por kilómetro cuadrado, el servicio de transporte resulta indispensable para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus terapias y lugares de atención.
La discusión en el Congreso se desarrolló en un clima de marcada tensión luego de que se conociera el contenido del proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa oficial plantea la eliminación del artículo 7 bis de la ley de emergencia —que establecía la actualización automática mensual de los pagos a prestadores por índice de inflación— y deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.
El proyecto gubernamental también establece que el nomenclador de prestaciones básicas no dispondrá de valores universales, permitiendo que obras sociales y prepagas negocien montos particulares sobre la base de un mínimo, y dispone que quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no perciban compensación si acceden a un empleo formal. Estas modificaciones despertaron rechazo entre asociaciones, cámaras de prestadores y bloques legislativos aliados y de la oposición, obligando a reconfigurar las negociaciones parlamentarias.
