A partir de la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 27.801, comenzará a regir en todo el país un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. La normativa modifica el tratamiento judicial aplicado a los adolescentes de entre 14 y 17 años que resulten acusados de cometer delitos, mediante un sistema específico dotado de garantías y procedimientos adaptados a su condición de menores de edad.
El nuevo marco legal contempla un tratamiento diferenciado según la gravedad de los hechos imputados. Para los delitos de mayor gravedad, entre los que se incluyen homicidios, secuestros, abusos sexuales y robos violentos, se establecen penas que pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión. Al momento de aplicar una condena, la justicia deberá evaluar las características particulares del hecho, la edad del acusado y su situación individual.
Entre las principales modificaciones introducidas por la ley se destaca la conformación de un esquema judicial especializado, integrado por jueces, fiscales y defensores con formación específica en niñez y adolescencia. La finalidad de esta estructura es garantizar que las causas sean tramitadas por operadores capacitados, resguardando las garantías del debido proceso y orientando las resoluciones hacia la responsabilidad y la reinserción social.
Asimismo, la legislación fija que la privación de la libertad debe ser considerada como una medida de último recurso. Previo a la aplicación de una pena de encierro, los magistrados dispondrán de diversas alternativas socioeducativas y sancionatorias, tales como la realización de tareas comunitarias, amonestaciones, prohibiciones específicas y mecanismos destinados a la reparación efectiva del daño causado.
