La fiscal Cecilia Guido, de la Unidad de Delitos Comunes de la circunscripción Capital, imputó por defraudación a dos ex empleadas de la firma comercial Colorshop, tras una investigación iniciada por maniobras irregulares que habrían provocado un perjuicio económico superior a los 10 millones de pesos.
Las sospechosas fueron identificadas como Yésica Gabriela Aranda y Carla Pamela Acosta, ambas domiciliadas en la ciudad Capital. De acuerdo con las actuaciones judiciales, ambas se desempeñaban en la atención al público, venta de productos y cobranzas del establecimiento comercial.
La investigación penal tuvo origen a partir de la denuncia formal radicada por el propietario de la pinturería, Gustavo Alejandro Saad, con el patrocinio del abogado Carlos Felipe Villalba Sández. El damnificado detectó marcadas diferencias entre los productos vendidos y el dinero efectivamente ingresado a las cajas, lo que motivó la realización de una auditoría interna a cargo de una contadora.
Según los informes contables y testimonios recolectados en la causa, la maniobra se ejecutó de manera continuada a lo largo del año 2024 mediante distintos métodos. Uno de ellos consistía en cobrar las ventas en efectivo y registrar en el sistema contable supuestas transferencias bancarias que nunca llegaban a acreditarse en las cuentas de la empresa, omitiendo enviar los comprobantes a la administración. Asimismo, facturaban bajo la modalidad de cuenta corriente y posteriormente emitían recibos simulando pagos por transferencia para ocultar el faltante de dinero al cierre del día. También se sumaron testimonios de clientes de gran volumen a quienes presuntamente se les ofrecían bonificaciones paralelas si cancelaban sus compras en efectivo sin respaldo bancario.
Respecto a la situación judicial de las imputadas, Aranda fue notificada formalmente de la acusación y optó por abstenerse de declarar en la instancia de indagatoria. Por su parte, Acosta no se presentó a las citaciones judiciales pertinentes, por lo que la fiscalía advirtió que pesa sobre ella la posibilidad de ser conducida mediante el auxilio de la fuerza pública.
