La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves el decomiso de $684.990.350.139,86 que deberán afrontar la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa conocida como “Vialidad”, al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los planteos formulados por los abogados de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez, dejando firme la actualización del monto fijado para reparar el perjuicio económico ocasionado al Estado. En la misma resolución, el tribunal también desestimó los planteos de nulidad y el pedido de suspensión de las medidas patrimoniales impulsadas por las defensas.

El Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado originalmente, en la sentencia condenatoria de diciembre de 2022, un decomiso de $84.835.227.378,04, correspondiente al daño ocasionado al Estado, aunque dispuso que esa suma sería actualizada una vez que el fallo quedara firme. La actualización fue realizada tras la confirmación definitiva de las condenas, con la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público Fiscal. El nuevo monto se calculó utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, elevando la cifra a $684.990.350.139,86.

La orden de decomiso alcanza a un total de 111 bienes vinculados a los condenados. El Tribunal Oral Federal 2 ya puso en marcha el proceso de tasación de algunas de las propiedades ubicadas en el sur del país, lo que habilitó el avance de la ejecución patrimonial, incluido el remate de bienes. La responsabilidad por ese decomiso recae de manera solidaria sobre todos los condenados. Entre ellos, quienes conservan bienes de magnitud son Cristina Kirchner, ya que los activos de Lázaro Báez fueron rematados en el marco de otros procesos judiciales.

Báez, condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, también había presentado un recurso que fue rechazado. La investigación determinó la existencia de una maniobra de administración fraudulenta en la adjudicación de 51 licitaciones de obra pública vial desarrolladas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Con esta resolución, la Corte Suprema dejó firme el decomiso y cerró la instancia judicial para los condenados en este punto específico de la ejecución patrimonial.