La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Santiago del Estero, a través del defensor Luis Ger, manifestó su rechazo y profunda preocupación ante el proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” (Expediente PE-13/2026), impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional y en actual tratamiento en el Honorable Senado de la Nación.
A través de una resolución emitida por el organismo, se cuestionaron las modificaciones sustanciales que el proyecto propone sobre la Ley N.º 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, la Ley General de Expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y el régimen jurídico de Zonas de Seguridad de Fronteras.
Desde la Defensoría remarcaron que la eliminación de límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros puede comprometer la soberanía territorial, la independencia económica y política de las futuras generaciones y el manejo de recursos estratégicos. Asimismo, se sostuvo que la tierra rural no debe ser considerada una mercancía más, ya que representa territorio, producción de alimentos, acceso al agua, biodiversidad, identidad cultural y un elemento central de la soberanía nacional.
En relación al marco jurídico, el pronunciamiento señaló que si bien la Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad en sus artículos 14 y 17, este derecho jamás fue concebido como absoluto, sino sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. En ese sentido, se subrayó la necesidad de armonizarlo con otros preceptos constitucionales, tales como el derecho a un ambiente sano (artículo 41), la protección a consumidores y usuarios frente a desequilibrios del mercado (artículo 42), los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales (artículo 75, inciso 17), el mandato de promover el desarrollo humano y la justicia social (artículo 75, inciso 19) y el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales (artículo 124).
Finalmente, el documento advirtió sobre la posible flexibilización en normativas vinculadas a zonas de frontera y al cambio de uso del suelo luego de incendios forestales, alertando sobre eventuales situaciones de especulación económica. Ante esto, la Defensoría enfatizó la importancia de tutelar los recursos naturales y respetar los principios preventivo, precautorio y de no regresión ambiental establecidos en la legislación argentina.
