La jueza de Control y Garantías con competencia penal juvenil, Dra. Érika Casagrande Valdueza, formuló este lunes una serie de aclaraciones públicas en respuesta a graves acusaciones vertidas por los abogados Lucas Cabañas y Raimundo Ledesma Chazarreta. Los letrados, que representan a la firma Halgon en un litigio por tierras y una cosecha de algodón en la zona de Vilelas, habían denunciado en un medio digital local el pasado domingo 26 de julio que la magistrada habría actuado con parcialidad a favor de una firma vecina, incurriendo en errores procesales y prejuzgamiento.
El eje central de la denuncia de los abogados apuntó a una resolución que la jueza habría firmado el sábado 25 de julio, durante la Feria Judicial y en coincidencia con una fecha festiva provincial. Cabañas calificó la medida como “un disparate jurídico” y sostuvo que “el Poder Judicial está corrompido”, afirmación que fue avalada por Chazarreta. Además, cuestionaron escritos del 10 de julio que, a su entender, demostrarían un trato desigual entre las partes. En la misma publicación se difundieron videos donde los letrados aseguran que hubo acciones deliberadas “legitimadas por la jueza y por el Ministerio Público Fiscal”, instando a la sociedad santiagueña a conocer “este proceder delictivo\).
Ante estos señalamientos, la Dra. Casagrande Valdueza rechazó categóricamente cada uno de los puntos. Recordó que las resoluciones judiciales son de acceso público y pueden ser consultadas por cualquier ciudadano o medio de comunicación, lo que —según sostuvo— evidencia que lo manifestado por los abogados constituye “una total falacia\). La magistrada opinó que la estrategia de los denunciantes busca “confundir a la opinión pública, tildando al Poder Judicial de corrupto”, y subrayó que estas acusaciones la afectan especialmente en momentos en que se encuentra concursando para ocupar nuevos cargos en el ámbito judicial.
