La Justicia provincial analiza el pedido de prórroga de la prisión preventiva para dos hombres acusados de perpetrar un violento asalto contra el empresario Jorge Daniel Canllo y su hija. El planteo fue formulado por los fiscales Ángel Belluomini y Belén Álvarez, con la adhesión de la querella a cargo del abogado Gabriel Coronel Chalfón, mientras que la defensa técnica de los imputados solicitó el inmediato cese de prisión.
Los imputados en la causa son Nicolás Saavedra y Santiago Emanuel Gerez, a quienes se les atribuyen los delitos de “robo calificado por uso de armas” y “defraudación”.
El hecho bajo investigación se registró la noche del 13 de diciembre de 2023. De acuerdo con la acusación fiscal, los sospechosos se movilizaban en motocicleta y siguieron a Canllo y a su hija desde el local comercial ubicado en pleno centro hasta su vivienda particular, en la localidad de El Zanjón.
Al descender del vehículo, el comerciante fue abordado por los dos delincuentes armados, quienes tras amenazarlo le exigieron dinero. Ante el temor por la integridad de su hija, Canllo entregó una caja que contenía la suma de 9.000.000 de pesos. Antes de emprender la fuga, los asaltantes efectuaron disparos al aire para amedrentar a las víctimas.
Durante el atraco, los atacantes también se apoderaron del teléfono celular del empresario, desde el cual realizaron una transferencia por 115.000 pesos hacia la cuenta vinculada al teléfono de Gerez mediante una billetera virtual. El seguimiento de esa transacción financiera resultó clave para la investigación policial: las pesquisas llevaron primero hasta una joven de apellido Maya, quien habría adquirido el teléfono sustraído.
A partir de esos datos se concretó la detención de Gerez y, posteriormente, durante el transcurso del año siguiente, Saavedra se entregó ante las autoridades. A ambos se les dictó oportunamente la prisión preventiva por dos años, la cual tuvo luego una prórroga de dos meses que venció en julio.
En la reciente audiencia, la Fiscalía solicitó la extensión de la medida cautelar por el plazo de ley —un año más— bajo el argumento de que persisten los riesgos procesales. Entre las medidas pendientes para avanzar hacia la clausura y elevación a juicio de la causa, resta completar la extracción y peritaje de contenidos de varios de los cinco teléfonos celulares secuestrados, además de informes técnicos a cargo de especialistas.
