El empresario Franco Alderete, titular de la firma Lebron Group SAS, se presentó ante la Justicia civil para solicitar el inicio del proceso de quiebra de su compañía. La medida judicial se conoció en forma paralela al avance de una causa penal por presunta estafa que encabeza el fiscal Fernando Blanno, la cual acumula hasta el momento al menos 15 denuncias formales por un perjuicio económico estimado en $536 millones, un monto que los investigadores estiman que podría ser sensiblemente mayor.
El expediente genera una fuerte preocupación en la provincia de Santiago del Estero, donde las estimaciones judiciales señalan que los reclamos de las personas afectadas por el corte de pagos se acercarían a los $1.000 millones. De acuerdo con la investigación, la operatoria investigada consistía en la captación de fondos privados bajo la promesa de otorgar rendimientos mensuales de hasta un 7% en pesos y un 3,4% en dólares. Los fondos captados habrían sido destinados a negocios comerciales, incluyendo la importación de suplementos alimentarios y productos tecnológicos para su posterior comercialización en distintos locales.
La investigación determinó que el esquema extendió sus ramificaciones por varias provincias, entre las que se encuentran Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Catamarca. Tras la interrupción de las liquidaciones registrada a comienzos de 2026, Alderete sostuvo ante la Justicia que no cometió ningún delito y justificó los incumplimientos atribuyéndolos a un descalabro operativo y a severas dificultades financieras. En el transcurso de la pesquisa también se detectó que, tras la suspensión de la CUIT de Lebron Group por parte de ARCA, se habría creado una nueva sociedad.
En el fuero penal, la Fiscalía ordenó allanamientos e inspecciones en inmuebles vinculados al imputado, logrando secuestrar documentación contable y dispositivos electrónicos para su peritaje. En forma complementaria, las autoridades solicitaron informes a entes de contralor financiero nacionales con el fin de verificar si existieron operaciones de intermediación financiera no autorizada, lo que podría derivar actuaciones al fuero federal. Por su parte, los abogados querellantes Aníbal Paz y Juan Pablo Bello rechazaron la presentación del concurso civil al considerarlo una estrategia dilatoria para eludir responsabilidades económicas, remarcando que el proceso comercial no frena la causa penal.
