El Gobierno de Santiago del Estero iniciará este viernes 9 de octubre el pago de la primera parte del bono extraordinario de fin de año destinado a los trabajadores de la administración pública provincial. Se trata de un desembolso de $800.000 por agente, correspondiente a un monto total de $2.400.000 que se completará en tres cuotas iguales consecutivas.
Este primer tramo inyectará en el mercado de consumo provincial una cifra estimada en $52.500 millones, generando un movimiento significativo en las actividades comerciales y de servicios tanto en la capital como en el interior provincial, incluyendo a Termas de Río Hondo y zonas aledañas. Las siguientes cuotas del bono para los estatales provinciales ya se encuentran programadas para el 10 de noviembre y el 10 de diciembre, a razón de $800.000 cada una.
De forma complementaria, el esquema anunciado por el Ejecutivo santiagueño contempla beneficios extraordinarios para distintos programas de contención social. Las personas titulares de Tarjetas Sociales recibirán una ayuda extraordinaria de $300.000, dividida en tres pagos de $100.000 no transferibles a dinero en efectivo y orientados a la compra de alimentos. En el caso de los beneficiarios de tarjetas para celíacos, el adicional será de $165.000, fraccionado en tres cuotas mensuales de $55.000 para mercadería. Por su parte, los beneficiarios de Planes de Emergencia percibirán un bono total de $330.000, distribuido en tres partes de $110.000. Para todos estos sectores de asistencia, la primera liquidación se hará efectiva el miércoles 21 de octubre.
El calendario salarial trazado para el último tramo del año también dejó confirmadas las fechas de los compromisos de cierre de ejercicio. El medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre se abonará sin descuentos el martes 22 de diciembre, mientras que el salario de diciembre se depositará el miércoles 30 de ese mes.
Al respecto, el gobernador Elías Suárez remarcó que el cumplimiento de este esquema fue coordinado tras dialogar con gremios y sindicatos, y responde a una política de previsibilidad económica y equilibrio fiscal mantenida por la administración provincial, permitiendo respaldar el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar la economía local.
